Apuntes de un Testigo

Los hombres sin país: Cuba, México y la deuda moral de la protección complementaria

Por: Rafael Escobar

Hay una imagen que define nuestro tiempo con una crudeza imposible de ignorar: hombres que han vivido treinta años en un país que los expulsó, rechazados por el país que los vio nacer y tolerados —pero no recibidos— por un tercer país que no sabe qué hacer con ellos.

Son los hombres sin país.

En los últimos meses, cientos de migrantes cubanos han sido entregados por autoridades estadounidenses en la frontera sur y recibidos por el Instituto Nacional de Migración mexicano como si fueran un paquete extraviado en tránsito. No llegan con derechos, sino con un documento precario; no llegan con certezas, sino con un plazo: diez días para abandonar un país al que acaban de llegar y al que, paradójicamente, no pueden abandonar.

Es el limbo convertido en política pública.

Muchos de ellos vivieron décadas enteras en Estados Unidos. Trabajaron, formaron familias, envejecieron bajo un sistema que, de pronto, decidió expulsarlos. Pero el problema no termina ahí. Cuba, el país que jurídicamente sigue siendo su origen, en la práctica no los recibe. Y México, el país que físicamente los contiene, no les ofrece una ruta clara para existir legalmente dentro de su territorio.

Son, en términos reales, personas suspendidas en el vacío jurídico internacional.

México, aunque no lo admita en comunicados oficiales, se ha convertido en receptor involuntario de los desechos humanos de una arquitectura migratoria regional que funciona bajo una lógica de expulsión en cadena. Estados Unidos expulsa. Cuba no recibe. México absorbe.

Pero absorber no es proteger.

Y ahí es donde emerge una verdad incómoda: el Estado mexicano no carece de herramientas legales. Carece de voluntad para utilizarlas plenamente.

La figura de la protección complementaria, prevista en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, no es una concesión ideológica ni un gesto de generosidad. Es una obligación jurídica derivada del principio de no devolución, uno de los pilares del derecho internacional contemporáneo.

Esta figura existe precisamente para estos casos: cuando una persona no puede regresar a su país sin enfrentar un riesgo real, y tampoco tiene otro Estado que la reciba.

Es, en esencia, el mecanismo que evita que un ser humano se convierta en un residuo legal.

Sin embargo, esta herramienta permanece enterrada bajo capas de burocracia, desinformación y omisión institucional. A los migrantes no se les explica. No se les orienta. No se les facilita. Se les libera, simplemente, como quien suelta un objeto que ya no desea cargar.

Pero cuando un migrante logra activar el procedimiento ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), algo fundamental ocurre: el Estado mexicano adquiere obligaciones. La persona obtiene una constancia legal, una CURP temporal, acceso a servicios básicos y, sobre todo, protección contra la deportación.

Por primera vez desde su expulsión, deja de ser invisible ante la ley.

Este proceso, aunque lento, representa algo más que un trámite administrativo. Representa el reconocimiento de que el migrante no es un intruso, sino un sujeto de derechos.

Y sin embargo, el acceso a este mecanismo sigue dependiendo más del azar que de la política pública.

La pregunta de fondo no es si México puede aplicar la protección complementaria. La ley es clara: puede y debe hacerlo.

La pregunta real es si México está dispuesto a asumirse como un Estado de derecho también cuando los afectados no votan, no tienen representación política y no poseen voz en el debate público.

Porque la forma en que una nación trata a quienes no tienen poder revela más sobre su carácter que cualquier discurso oficial.

Hoy, en las estaciones migratorias, en los albergues saturados y en las calles del sur del país, caminan hombres que no pueden volver atrás y que tampoco pueden avanzar. No son una amenaza. No son una estadística. Son el síntoma de un sistema migratorio regional que ha normalizado la expulsión sin responsabilidad.

La protección complementaria no resolverá la crisis migratoria continental. Pero puede resolver algo esencial: evitar que el abandono se convierta en política de Estado.

Porque al final, el verdadero dilema no es migratorio.

Es moral.

Y toda nación, tarde o temprano, es juzgada por la forma en que trata a los hombres que no tienen país.