Toma Monterra acciones legales por el cierre de su terminal en Tuxpan

Pedro Cruz..

Tuxpan, Ver.- Tras el cierre por cinco meses de su terminal de combustible en el puerto de Tuxpan, Monterra Energy presentó una Notificación de Intención de someter a una reclamación de arbitraje al Gobierno de México por acciones ilícitas y discriminatorias que impiden el funcionamiento de su terminal de última generación para la importación de combustibles y violaciones a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El Capítulo 11 del TLCAN establece mecanismos claros para que las empresas estadounidenses obtengan daños y perjuicios a través de un proceso de arbitraje internacional si no logran resolver sus problema satisfactoriamente, informó el grupo en un comunicado fechado en Dallas, Texas.

En la Notificación de Intención, Monterra indica que los daños resultantes de estas acciones discriminatorias podrían ascender a aproximadamente 667 millones de dólares. Monterra es una de varias empresas con sede en Estados Unidos cuyas operaciones han sido cerradas por el Gobierno de México.

Dicho cierre también bloqueó la importación de productos de origen estadounidense y ponen en peligro los puestos de trabajo, Alega Monterra. “Hemos ido más allá para resolver el problema de manera cooperativa para que podamos continuar apoyando la seguridad energética y la economía de México, al mismo tiempo proporciona empleos bien remunerados”, afirmó Arturo Vivar, director general.

“Simplemente pedimos que México respete el estado de derecho y los compromisos de sus tratados. El curso de acción preferido es una resolución amistosa, pero las acciones del gobierno mexicano hasta ahora han dejado con pocas opciones y por lo tanto es necesario buscar otros opciones legales disponibles”, agregó.

Monterra ha intentado en repetidas ocasiones resolver el cierre, incluida la entrega de amplia evidencia del pleno cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Pero las autoridades mexicanas han desestimado la evidencia. La terminal Tuxpan de Monterra (“Servitux”) obtuvo un permiso de 30 años por parte de la Autoridad Reguladora de Energía (CRE) el 4 de mayo de 2018. La CRE realizó varias visitas para inspeccionar la terminal antes de su entrada en operaciones. En julio de 2021, la empresa cumplió con el requisito del permiso de “dar aviso a la CRE sobre el inicio de las operaciones de almacenamiento”.

En horas de la noche del 13 de septiembre de 2021, la CRE realizó una inspección extraordinaria con personal armado de la Guardia Nacional y funcionarios de la Agencia Nacional de Desarrollo Industrial Seguridad y Protección Ambiental del Sector de Hidrocarburos (ASEA). La inspección dio lugar a un cierre temporal sin justificación legal. La terminal ha estado cerrada desde entonces.

Antes de la cierre de la terminal, todo el producto importado y descargado procedía de los Estados Unidos. La Orden de Cierre es arbitraria, ilegal y totalmente inconsistente con el extenso intercambio previo de correspondencia entre Servitux, una empresa constituida bajo las leyes mexicanas y de propiedad mayoritaria por Monterra Energy, y la CRE, según el comunicado.
La empresa presentó todos los documentos y pruebas requeridos durante los últimos dos años. Servitux ha presentado adicionales desde que tuvo lugar el cierre, a las que el CRE simplemente no ha respondido.

Las acciones contra Monterra se dieron en el marco de las gestiones del Gobierno de México, a partir de principios de 2019, para reducir la importación, el almacenamiento y la distribución de productos derivados del petróleo por parte de empresas extranjeras con el objetivo de restaurar su empresa petrolera nacional, Petróleos Mexicanos (PEMEX), a la posición de monopolio que disfrutaba antes de las reformas promulgadas en 2013.

Monterra ha hecho múltiples ofertas al Gobierno de México para resolver cooperativamente la situación para reabrir la terminal, pero México los ha rechazado, según el comunicado.

Las acciones del Gobierno de México, a través de la CRE, ASEA y la Secretaría de Energía (SENER), entre otros, violan varias disposiciones del TLCAN, el derecho internacional y el derecho mexicano con respecto a Monterra que no tendrá más remedio que someter su reclamo a arbitraje y buscar la reparación, incluidos daños monetarios, y posiblemente medidas provisionales de protección.