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ADRIANA DIPUTADA

 

 

Redacción Infoveracruz

 

Poza Rica, Ver.- En el Parque “Juárez” de esta ciudad, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, firmó la iniciativa ciudadana, para que el Congreso de la Unión avale la consulta pública nacional, conforme a la Ley Federal de Consulta Popular, y se logre someter a juicio a los expresidentes de México acusados de corrupción.

 

En entrevista, la legisladora señaló que es la oportunidad histórica de la ciudadanía para expresar su demanda de justicia, ante la serie de presuntos actos de corrupción cometidos en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

 

“Es momento de levantar la voz, de sumarse a esta iniciativa que verdaderamente representa un clamor popular: llevar ante la justicia a los expresidentes que se burlaron y frenaron el desarrollo económico de las y los mexicanos”, dijo la diputada.

 

En su calidad de representante del Distrito de Poza Rica -región distinguida por su desarrollo petrolero- Adriana Linares Capitanachi, sostuvo que es indignante el robo que se hizo a México a través de la Reforma Energética.

 

En este sentido, lamentó que el caso Lozoya destapó el saqueo de la clase política neoliberal a los recursos energéticos de la nación, recursos que son propiedad de cada mexicana y mexicano y representan la oportunidad de un mejor futuro para el país.

 

“El saqueo histórico a las arcas de México no debe quedar impune, por ello invito a la ciudadanía que firmemos esta propuesta, que consigamos todas las firmas necesarias para que el Congreso de la Unión avale la Consulta Pública y se lleve a juicio a estos expresidentes”, finalizó la diputada.

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Inviable consultar sobre juicio a expresidentes

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Susana Cruz.


Veraceuz,Ver. La consulta para llevar a juicio a los expresidentes de México violenta artículos y costará más de 7 mil millones de pesos.


La diputada federal del Partido Acción Nacional, Mariana Dunsyaska García Rojas, mencionó que la impartición de justicia no debe someterse a votación, pues si existen elementos se debe presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y proceder en contra de los presuntos responsables.


“La justicia no se pone a juicio de la gente ni a mano alzada. Si hay elementos se presenta y se genera una denuncia. Lo más seguro es que la Suprema Corte de Justicia lo saque de su agenda porque es un asunto que no puede proceder porque violenta el Artículo 35 de la Constitución del debido proceso y los derechos humanos”.


Explicó que las consultas populares se encuentran reguladas además que el país no se encuentra en condiciones de erogar fuertes sumas de dinero en preguntar a la gente.


“Si se declara anticonstitucional se desecha y el Senado declara el asunto concluido, pero si cambian la pregunta y la hacen proceder, se turna a la comisión de gobernación y después se formula un dictamen para aprobar o no la propuesta de pregunta y de ahí se tiene. Qué aprobar por el senado y remitirse a la cámara de diputados para su aprobación”.


En caso de aprobarse, la consulta se llevaría a cabo el primer domingo de agosto de 2021.

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Foto Solicitud de Juicio Polìtico vs Cuitláhuac

Jorge Hernández.

 

Veracruz, Ver. El Congreso de Veracruz dio entrada a una solicitud de juicio político en contra del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por no dar cumplimiento a la publicación de un Decreto que se emitió el 29 de noviembre del 2018, en relación a los Centros de Verificación Vehicular.

 

Eduardo Mario Casares Sort de Sans, líder de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación del Estado de Veracruz, presentó ante el Congreso de Veracruz la solicitud formal de juicio político en contra de Cuitláhuac García Jiménez.

 

Casares sostiene que han transcurrido 21 meses sin que García Jiménez haya publicado el Decreto, con sus respectivos lineamientos, para que los Centros de Verificación puedan transitar a la prueba dinámica, sin que exista ninguna justificación.

 

“Es lamentable que para usted no exista el medio ambiente, parece que solo le interesa tomarse fotos con el machete a su lado, para que los ciudadanos lo vean como un político del pueblo”, afirmó el dirigente de los concesionarios de centros de verificación.

 

“Lo invito a reflexionar y a publicar el decreto, como se lo ordenó la Cámara de diputados, que fue clara al decir que lo tenía que publicar a la brevedad, en un plazo no mayor a 45 días, pero ya tiene 21 meses y nada de publicación del Decreto”, reiteró.

 

Comentó que antes de tomar la decisión de presentar una solicitud de juicio político, los concesionarios de centros de verificación buscaron diálogo con la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría Jurídica, sin obtener respuesta, pues se limitaron a contestar que ese no era su tema.

Eduardo Mario Casares Sort de Sans afirmó que, a partir de este momento, “Lo hago a usted responsable de las acciones que le puedan pasar a cualquiera de los compañeros concesionarios de centros de verificación y a la mía propia por las amenazas que hemos recibido”, finalizó.

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