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¿PERDÓN Y OLVIDO?.

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¿PERDÓN Y OLVIDO?.

Isael Petronio Cantú Nájera

Siguiendo a Clausewitz, la guerra es la continuidad de la política por otros medios y su afirmación pareciera cierta en todo y un poco cínica en la medida que somos testigos de la movilización del ejército y la marina para enfrentar a los ejércitos irregulares de los diversos grupos delincuenciales que existen en el país.

El número de muertos, al decir de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet, son propias de una guerra: 252 mil 538 desde 2006.[1] Otros polítólogos han afirmado que lo que existe en México, entre fuerzas de seguridad y delincuentes es una guerra de baja intensidad, pues no solamente se enfrentan por cuestiones delictivas, sino incluso, por el control político de regiones dentro del Estado Nacional de tal suerte que logran imponer a sus propias autoridades.

El antecedente del estado actual de las cosas es sin duda el largo periodo en la hegemonía del gobierno encabezada por el Partido Revolucionario Institucional, quien montado sobre un presidencialismo autoritario derivó en una franca cacocracia.

La derrota del PRI en el año 2000 y el ascenso de la derecha representada por el Partido Acción Nacional, no significó cambio alguno del Presidencialismo Autoritario, por el contrario, a ese esquema se le agregó una fuerte dosis de economía neoliberal y el sesgo brutal de una gobierno patrimonialista, con un populismo de derecha y el saqueo de las arcas a través de la creación de grandes negocios que aumentaron la pobreza y concentraron la riqueza en una cuantas manos.

Achicado el Estado, abandonada su función social, más cerrada la frontera para el tráfico de estupefacientes; el giro en la forma de pago entre narcos, que solían pagar en efectivo el trasiego de la droga por el país y que ahora lo hacen en especie; generando las condiciones para que emergieran grupos, clanes, pandillas, peleándose los territorios tanto de siembra como los de mercado.

El giro de soldados desertores al lado de los narcos, elevó el nivel de violencia, aumentó los elementos de estrategia, cambió las tácticas y la capacidad de fuego aumentó considerablemente… todo ello bajo el manto de un gobierno profundamente corrupto.

Esta corrupción atraviesa de manera horizontal y transversal el cuerpo social y estadual, de tal suerte que los órganos de gobierno, de una manera u otra se vieron colonizados por prácticas que convirtieron al Estado en un ser fallido, tullido de todas sus funciones vitales: seguridad, impartición de justicia, educación, salud, empleo con salario digno, etcétera, llegaron a estar en indicadores tan bajos como alta era la criminalidad en el sistema.

Frente a esa situación la ciudadanía, tanto de la sociedad civil como de la política llegó a un momento de hartazgo que las elecciones se volvieron un real referéndum: sistema PRI-PAN-PRD vs la Cuarta Transformación (4T). Como no se había visto en las últimas décadas, la ciudadanía votó por la 4T, con la esperanza expectante de que se cambiara rápidamente el sistema sobre todo en los temas de: corrupción e inseguridad.

La corrupción tiene una hermana gemela: la impunidad. A cada acto delictivo que queda impune es seguro que le siga una cauda de acciones que lo multiplican y lo hace más peligroso, viene una espiral violenta que terminará explotando en la cara de cada una de las familias, se vuelve mediática en la medida en que miembros de las familias de “élite” comienzan a ser tocadas y logran ver que las instituciones que las protegían se están derrumbando ante la carcoma de la corrupción: ministerios públicos hoy fiscalías, jueces, magistrados, policías, soldados, marinos, cárceles, todo lleno de fango.

Obviamente, la teoría del equilibrio de poderes, cede y se vuelve un mazacote de contubernios entre los grupos políticos más poderosos, quienes tras largas décadas de decadente control llegaron a poner, al igual que Calígula, a un caballo de cónsul: el nuevo Incitato[2].

¿Quién, dentro de los poderes Legislativo o Judicial, intentaron poner freno a los poderosos presidentes? ¡Nadie o los pocos no contaron con la ciudadanía necesaria para lograr castigar al criminal!

Mientras tanto los delitos de cuello blanco y de cuello sucio se fueron acumulando como gruesas costras en el indigente cuerpo social: el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa contrasta con el contubernio de las élites en los casos de la Casa Blanca, de los fraudes de Odebrecht, la corrupción en Pemex, CFE, IMSS, Oceánica, y una larga fila de estafas al erario que pasaron a ser estafas maestras y dignas de una película jolivudezca (perdón por el adefesio de castellanización).

Alzado con el triunfo el movimiento de MORENA y su planteamiento de la 4T, en voz del titular del nuevo Poder Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha mencionado y arrojado un balde de agua fría a los ciudadanos que han exigido castigo a los criminales, al decriles: “Olvido no, perdón, sí”[3]

Guerra de por medio (13 asesinados en una fiesta en Minatitlán), periodo agudo de transición, despliegue de la Guardia Nacional, Fiscalías fragmentadas en manos de partidos distintos al de MORENA, escalada del gobierno de Trump contra la política migratoria de México y los nacionalismos latino americanos; ante todo ello cabría preguntarse: ¿Quién puede otorgar el perdón y el olvido? ¡Nadie!

Si la construcción de un nuevo Estado está en ciernes, es decir, se está cribando y deputando, el titular del Poder Ejecutivo solo tiene que enunciar una política que contribuya a pacificar el país y no a desdoblarse en los otros poderes; de tal manera que el Judicial fortalezca las instituciones que juzgan y castigan a los delincuentes, sin privilegio alguno y con cero impunidad y el Legislativo dedicarse a hacer, reformar, derogar o abrogar las Leyes para construir el marco jurídico idóneo para una nueva sociedad; ahora, con los nuevos órganos autónomos del Estado Mexicano, como la CNDH, con mayor razón el dicho del Ejecutivo debe volverse una simple señal del rumbo que debería de tomar el Estado Mexicano en su propia reconstrucción y no suplantar ningún otro poder.

México requiere realmente de una “Justicia de Transición”, esa que esta obligada sobre todo a garantizar los derechos de las víctimas a conocer plenamente la verdad, a la reparación del daño, a la garantía de no repetición en suma: a la justicia.

tal y como lo dice la ONU, necesitamos: “un enfoque global de la justicia de transición que abarcase toda la gama de medidas judiciales y no judiciales dirigidas a garantizar la rendición de cuentas, hacer justicia, brindar vías de recurso a las víctimas, fomentar la cicatrización de las heridas y la reconciliación, establecer entidades independientes que supervisasen los sistemas de seguridad, restablecer la confianza en las instituciones del Estado y promover el estado de derecho”[4]

Sin duda, tras la cruenta batalla, es relevante que AMLO convoque a la pacificación; pero debe, en todo momento dejar que los órganos jurisdiccionales actúen a plenitud, sin recrear la ley del Talión, sino, simplemente el Estado de Derecho.

Habrá sin duda, quienes deben ser beneficiados con el perdón, dado que pudieron ser víctimas del anciano régimen, tal y como ya se ha hecho con Lidia Cacho; habrá quienes sean olvidados por la gente por la grisura de sus actos y los daños fueron mínimos; pero eso no lo puede hacer el nuevo Estado de Derecho; éste, tiene la obligación de impartir una justicia pronta y expedita tal y como lo expresa nuestra Carta Magna.

Por ello es importante no sobrevalorar el discurso político de AMLO, porque su voz no es la del juez ni la del magistrado; éstos y las fiscalías y el nuevo sistema nacional anticorrupción: tienen la obligación ética y moral, de castigar a todos los delincuentes, evitar la impunidad y hacer que el Estado sea de Derecho.

Clausewitz, no murió en el campo de batalla, participó en muchas pero murió en su casa enfermo de cólera (No enojado, sino infectado por Vibrio Cholerea). Para él la guerra es el “acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad” y que la guerra está constituida por dos elementos: el odio, la enemistad y la violencia primitiva y en el segundo por el juego de azar y las probabilidades; de tal suerte que el pueblo tiene el odio, la enemistad y la violencia primitiva; mientras que el ejército y sus generales se mueven en el azar y las probabilidades, pero solamente los objetivos políticos le incumben al gobierno.

La guerra que vivimos los mexicanos, divididos por la pobreza y arrinconados por la corrupción de los poderosos, ha hecho que ésta sea fundamentalmente civil: ¡Ningún ejército extranjero nos ataca ni nos invade, sino otros ciudadanos mexicanos que han decidido delinquir; por ello, nuestra guerra no llega a los cánones de nuestro teórico, sino a la acción policiaca del Estado para hacer que se respete la Ley.

Como no será AMLO quien enjuicie a los delincuentes, ni quien los enfrente, sino el nuevo Poder Judicial y las fiscalías, solamente así es posible decir: ¡Ni olvido, ni perdón! Porque la justicia institucional no es la venganza privada ni mucho menos el ojo por ojo que nunca acaba, es simplemente: ¡Estado de Derecho!

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