Son uno mismo: la frase que le faltaba a Washington
Apuntes de un Testigo
Por: Rafa Escobar
La frase importa. Pero la fecha importa más.
El 14 de julio de 2026, en Orlando, durante la cumbre Fentanyl Free America, el administrador de la DEA, Terrance “Terry” Cole, afirmó que entre los cárteles mexicanos y el gobierno de México existe una “conexión mortal” y remató con cuatro palabras que merecen ser leídas con calma: “son uno mismo”.
No es una frase menor. Tampoco fue un desliz.
Revisé el discurso completo distribuido por la propia DEA. México es el único gobierno extranjero mencionado en toda la intervención. No apareció como un ejemplo más entre varios países. Fue el señalamiento central.
Hay otro detalle que importa tanto como lo que dijo: lo que no dijo.
No presentó un solo caso nuevo. No mencionó una sola institución mexicana en particular. No exhibió una sola prueba. La acusación no fue contra funcionarios corruptos o contra autoridades infiltradas por el crimen organizado. Fue mucho más amplia: el Estado mexicano y los cárteles serían, en esencia, la misma cosa.
La diferencia no es semántica. Es política, jurídica y diplomática.
Cuando uno revisa la evolución del discurso estadounidense en los últimos meses encuentra menos un cambio de posición que una secuencia perfectamente reconocible. Primero vino el lenguaje de cooperación y responsabilidad compartida. Después, la designación de diversos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Más tarde, la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, que calificó al fentanilo como un arma de destrucción masiva, amplió las facultades de inteligencia y fortaleció la coordinación operativa entre las principales agencias federales estadounidenses.
Cada paso ha construido una narrativa específica.
Si los cárteles son organizaciones terroristas y si el gobierno mexicano es presentado como parte del mismo fenómeno criminal, entonces las acciones unilaterales dejan de venderse políticamente como intervenciones en un Estado soberano y comienzan a presentarse como actos de legítima defensa.
La frase de Terry Cole no describe una realidad jurídica. Construye un argumento político.
Mientras tanto, el gobierno mexicano ha sostenido una posición consistente. Desde que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo públicos diversos señalamientos contra funcionarios mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido una misma exigencia: Estados Unidos no ha presentado pruebas.
Y tiene razón.
Un Estado serio no procesa, extradita o condena a sus funcionarios únicamente porque una fiscalía extranjera los mencione en un comunicado de prensa. Ese principio debe defenderse siempre.
Sin embargo, existe un problema que merece ser señalado.
La soberanía no se defiende únicamente rechazando acusaciones extranjeras. También se defiende investigando las propias. Cada vez que México responde “no hay pruebas”, pero no informa que ha iniciado investigaciones propias sobre hechos potencialmente delictivos, deja un espacio que otros llenan con su propia narrativa.
La mejor defensa de un Estado soberano no es la negación. Es la capacidad de investigar y sancionar por sí mismo.
Llegamos entonces al punto incómodo.
La afirmación del administrador de la DEA carece de sustento público en los términos en que fue formulada. Pero tampoco surge en el vacío.
Durante años hemos conocido expedientes judiciales estadounidenses que describen sobornos, protección institucional y corrupción en distintos niveles de gobierno. El caso de Ismael “El Mayo” Zambada es apenas uno de los ejemplos más recientes. Los fiscales han descrito redes de corrupción que involucran policías, funcionarios y operadores políticos.
Nadie que conozca mínimamente la historia contemporánea de México puede sostener seriamente que la corrupción vinculada al crimen organizado es un invento extranjero.
Pero una cosa es reconocer que existen nodos de corrupción dentro del Estado mexicano y otra, muy distinta, afirmar que el Estado mexicano es el crimen organizado.
Ese salto es precisamente el que debe preocuparnos.
Porque al hacerlo se borra deliberadamente toda complejidad institucional. Se ignoran las decenas de miles de detenciones realizadas por las autoridades mexicanas, las investigaciones abiertas, los servidores públicos procesados y las capacidades del propio Estado para combatir al crimen organizado.
Confundir la parte con el todo no es un error de análisis. Es una estrategia política.
Y las estrategias políticas tienen consecuencias.
Se acerca la sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada. Vendrán nuevos expedientes, nuevos nombres y nuevas presiones diplomáticas. La revisión del T-MEC ya aparece en el horizonte y la relación bilateral parece desplazarse, cada vez más, del terreno diplomático hacia los tribunales y agencias estadounidenses.
Washington ya comenzó a construir el relato que necesita.
La pregunta es si México construirá el suyo.
Porque hay una verdad incómoda que vale la pena recordar: la soberanía no consiste en decir que somos inocentes. Consiste en demostrar que somos capaces de gobernarnos, investigarnos y corregirnos sin que nadie tenga que venir a hacerlo por nosotros.
Washington ya nombró al Estado mexicano.
Falta saber cuándo el Estado mexicano decidirá nombrarse a sí mismo.
