APUNTES DE UN TESTIGO
Los delitos que sí tienen nombre
Por: Rafa Escobar
Empiezo por el dato verificable. El 3 de julio de 2026, la Fiscalía General del Estado confirmó que los restos localizados el 25 de junio en un rancho de la comunidad Emiliano Zapata, en Moloacán, corresponden a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste. Ese mismo día fueron ejecutadas ocho órdenes de aprehensión por homicidio doloso calificado.
Pero los hechos no terminan donde acaba el comunicado.
Roxana fue arrancada de su casa en Nanchital durante la madrugada del 2 de junio. Hombres armados, rostros cubiertos, un marro golpeando la puerta. Ella alcanzó a grabar. Grabó hasta que le arrebataron el teléfono. Su último acto como periodista fue documentar el crimen del que estaba siendo víctima.
He visto pocas imágenes más duras que esa.
Porque en Veracruz no solo se asesina a una persona; se intenta asesinar la posibilidad misma de contar lo ocurrido.
A sus colegas del sur del estado, a su familia y al gremio entero les expreso mi solidaridad. No como fórmula de ocasión, sino desde la conciencia de quien también firma textos, publica opiniones y conoce el peso específico que adquiere una amenaza cuando se ejerce el periodismo en esta tierra.
Y precisamente por eso conviene llamar a las cosas por su nombre.
El primero de los delitos es el homicidio doloso calificado. Es la imputación anunciada por la Fiscalía estatal contra los ocho detenidos y representa una de las penas más severas contempladas por la legislación veracruzana: hasta setenta años de prisión.
Pero hay un segundo capítulo que merece toda la atención pública.
Entre los capturados figuran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, incluido el mando de la corporación. La propia investigación sostiene que proporcionaron alimentos y combustible al lugar donde Roxana permaneció privada de la libertad.
Cuando agentes del Estado participan, facilitan o toleran la desaparición de una persona, la ley no admite eufemismos: eso se llama desaparición forzada.
Y la desaparición forzada tiene dos características que la vuelven distinta a cualquier otro delito del expediente: puede alcanzar penas de hasta sesenta años de prisión y, sobre todo, no prescribe jamás. El tiempo no la borra, los cambios de gobierno no la extinguen y las responsabilidades no se heredan al olvido.
La Fiscalía General de la República mantiene abierta esa línea de investigación, y ahí estará la verdadera prueba institucional: demostrar que la ley también alcanza a quienes portan uniforme.
Existe además una tercera ruta: la delincuencia organizada. No para castigar únicamente a los ejecutores materiales, sino para desmontar la estructura completa que hizo posible el crimen.
La aritmética jurídica importa porque mide la dimensión de la justicia posible. Setenta años por homicidio. Sesenta por desaparición forzada. Un delito imprescriptible que obliga al Estado a responder siempre.
El expediente, en apariencia, tiene dientes.
Lo que este testigo documentará, fecha por fecha, es si esos dientes muerden por igual a todos o si vuelven a reservarse únicamente para los eslabones más débiles de la cadena.
Con Roxana Guzmán, las organizaciones del gremio contabilizan ya treinta y cinco periodistas asesinados en Veracruz. Detrás de cada número hubo una libreta, una cámara, una grabadora y una firma. Hubo alguien que decidió contar aquello que otros preferían mantener en silencio.
El mejor homenaje no es un minuto de aplausos ni una ceremonia oficial. El verdadero homenaje consiste en impedir que alguna de estas investigaciones se cierre antes de tiempo y en exigir que la justicia alcance también a quienes, desde el poder público, pudieron haber participado o encubierto.
Roxana grabó hasta el último instante que le permitieron.
Lo mínimo que le debemos quienes seguimos escribiendo es no apartar la mirada y no soltar jamás la pluma.
