El cerco de julio

APUNTES DE UN TESTIGO

Por Rafa Escobar

He aprendido que en política los acontecimientos importantes casi nunca llegan solos. Aparecen en racimos, separados por horas o por días, y sólo después revelan que formaban parte de un mismo paisaje.
En menos de setenta y dos horas documenté cuatro movimientos de Washington sobre México. Ninguno prueba, por sí mismo, una estrategia coordinada. Pero juntos dibujan algo que merece atención: un cerco construido desde distintos frentes y administrado con paciencia.
El primer movimiento fue comercial.
El primero de julio, la Comisión de Libre Comercio del TMEC realizó la revisión sexenal prevista por el propio tratado. Estados Unidos decidió no extender automáticamente el acuerdo en sus términos actuales. No hay ruptura ni cancelación inmediata; el mecanismo vigente es el de revisión anual y no el de terminación. El tratado sigue vivo.
Pero la señal política es evidente: Washington prefirió conservar una herramienta de presión renovable cada año antes que otorgar dieciséis años adicionales de certidumbre automática. Los juristas discutirán los alcances técnicos; los gobiernos entienden perfectamente el valor estratégico de mantener abierta una negociación permanente.
El segundo movimiento ocurrió en el terreno del dinero.
El treinta de junio, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció sanciones contra estructuras vinculadas al huachicol fiscal y al Cártel Jalisco Nueva Generación. Primero se limita el flujo económico; después se condiciona el marco comercial que lo contiene.
No afirmo una coordinación formal entre ambos hechos. Sería irresponsable hacerlo. Pero tampoco parece casual que Washington haya decidido actuar simultáneamente sobre el dinero y sobre las reglas que permiten su circulación.
El tercer frente apareció más cerca de nosotros.
Notiver informó la llegada de un equipo especializado de la Unidad de Inteligencia Financiera a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Hasta ahora no existe información pública que permita relacionar ese despliegue con las sanciones estadounidenses. Son procesos distintos y así deben entenderse.
Pero el deber del testigo consiste precisamente en observar cuándo diversas líneas comienzan a avanzar en paralelo, sin precipitar conclusiones y sin renunciar a la vigilancia de los hechos.
El cuarto movimiento es, quizá, el más delicado porque involucra personas y lealtades rotas.
Diversas columnas periodísticas han sostenido que el senador Adán Augusto López Hernández y el actual cónsul en Miami, Rutilio Escandón —antiguos cuñados y hoy políticamente distanciados— habrían seguido rutas separadas de comunicación con autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos del crimen organizado en Tabasco y Chiapas.
Conviene insistir en lo esencial: hablamos de señalamientos periodísticos sustentados en fuentes reservadas y no de resoluciones judiciales firmes. Documentar la existencia de esas versiones no equivale a acreditarlas como verdad. Pero tampoco autoriza a fingir que no existen.
A estos cuatro elementos se suma ahora una lectura estratégica que ayuda a comprender el momento. Un documento del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos para la Seguridad Hemisférica sostiene que Washington ha dejado de considerar el huachicol fiscal como un simple delito económico para tratarlo como una fuente de financiamiento de organizaciones catalogadas como terroristas bajo su legislación.
Si esa interpretación es correcta, el objetivo ya no serían únicamente los operadores criminales, sino el ecosistema completo que hace posible el negocio: comercializadoras, transportistas, agentes aduanales, intermediarios financieros y autoridades regulatorias.
La presión dejaría entonces de ser exclusivamente policial para convertirse en una cuestión de arquitectura económica. Los permisos energéticos, la trazabilidad regulatoria y las cadenas logísticas comenzarían a ser observados como indicadores de riesgo por el propio sistema financiero estadounidense.
Y es aquí donde aparece la tesis de fondo.
La soberanía nacional no puede convertirse en refugio para proteger a quienes eventualmente hayan confundido el ejercicio del poder con la convivencia o la complicidad criminal. Pero tampoco la presión extranjera sustituye a la justicia ni fortalece, por sí misma, a las instituciones mexicanas.
Las sanciones económicas, la inteligencia financiera, las investigaciones paralelas y la renegociación de acuerdos comerciales son instrumentos de influencia. Son presión.
Y cuando esa presión opera simultáneamente sobre el comercio, las finanzas, la política y la energía, deja de parecer una medida aislada para convertirse en un mecanismo permanente de cerco.
Washington no necesita tropas ni ultimátums.
Le basta con administrar el acceso a los mercados, vigilar las rutas del dinero y esperar a que las contradicciones internas hagan el resto.
La decisión final continúa siendo mexicana: asumir el costo de proteger a los propios o permitir que, uno tras otro, sean entregados por el peso acumulado de las circunstancias.
Julio apenas comienza.
Pero hay cercos que empiezan a construirse mucho antes de que quienes están dentro adviertan que las salidas se han ido cerrando en silencio.