Rezago de expedientes por falta de sellos tras cambio de nomenclatura judicial
Susana Cruz.
Veracruz, Ver. 22 de enero de 2026.- El cambio de nomenclatura en los juzgados del estado de Veracruz, derivado de la reforma judicial que entró en vigor el 1 de enero, generó un rezago significativo en expedientes, debido a la falta de sellos actualizados con los nuevos nombres oficiales de los órganos jurisdiccionales, lo que ha complicado la recepción y el trámite de promociones legales, señaló Octavio Pozos Marín, presidente del Foro de Licenciados Especialistas Maestros y Doctores en Derecho del Estado de Veracruz.
Explicó que la circular emitida por el Tribunal del Órgano de Administración de Justicia dividió al Poder Judicial en tres instancias y modificó la denominación de todos los juzgados en los 21 distritos judiciales, sin prever el impacto operativo inmediato.
“El Tribunal del Órgano de Administración de Justicia emitió una circular donde, a partir del primero de enero de este año, cambian las nomenclaturas o los nombres de cada uno de los juzgados en los 21 distritos judiciales que tiene la entidad, y eso sí causa una complicación, porque históricamente los juzgados venían trabajando con una sola denominación”.
Dijo que la falta de sellos con los nuevos nombres impide el avance normal de los expedientes, ya que toda promoción debe estar correctamente identificada para tener validez jurídica, lo que obligó a emitir acuerdos especiales en cada asunto en trámite.
“Si tú presentas una promoción, tiene que venir sellada con el nombre del juzgado correctamente y por los cambios no se contaba con esos sellos. Esto está causando un gran problema, hay rezago, no avanza, y además se tuvo que sacar un acuerdo en todos los expedientes para hacer mención de que, a partir del primero de enero, el nombre del juzgado cambió”.
Pozos Marín agregó que esta situación también impacta a los órganos jurisdiccionales federales, ya que al interponer amparos es necesario precisar la nueva denominación de las salas, lo que ha generado confusión y retrasos adicionales en perjuicio de la ciudadanía.
