Apuntes de un Testigo: Democracia a destiempo…

Cuando la ruta se vuelve etiqueta

México en el expediente

Por Rafael Escobar
Domingo 5 de enero de 2026

Hay documentos que no buscan únicamente condenar a personas; buscan fijar narrativas. La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su círculo cercano pertenece a esa categoría. No es solo un expediente penal por narcotráfico y armas: es un texto que redefine actores, rutas y responsabilidades bajo una palabra que lo cambia todo: terrorismo.

En ese nuevo mapa legal, México no aparece como acusado, pero sí como territorio indispensable. No como nota al pie, sino como corredor estratégico. Producción en Colombia, protección en Venezuela, redistribución regional y cruce final: sin México, la maquinaria descrita simplemente no funciona. Puertos, aeropuertos, carreteras, aduanas y flujos financieros mexicanos son el eslabón que convierte toneladas de cocaína en mercado estadounidense.

La acusación es precisa. Habla de vuelos, de dinero que se mueve desde México a Venezuela bajo cobertura diplomática, de contenedores marítimos y de un caso emblemático en Campeche donde se aseguraron más de cinco toneladas de droga. No son metáforas: son episodios concretos que sostienen una narrativa mayor. Y esa narrativa coloca a organizaciones criminales mexicanas —como el Cártel de Sinaloa y el bloque Zetas/CDN— en la misma categoría jurídica que grupos armados internacionales: organizaciones terroristas.

Aquí está el quiebre. Combatir “narcotráfico” permite matices, tiempos largos, discursos soberanistas y estrategias graduales. Combatir “terrorismo” no. En ese terreno, la urgencia sustituye a la diplomacia y la tolerancia se reduce a cero. La palabra no es un adjetivo: es una llave legal que habilita sanciones financieras, persecución extraterritorial, presión operativa y decisiones unilaterales.

México entra así en una zona incómoda. No por lo que hizo, sino por lo que permitió que ocurriera en su geografía. El expediente no acusa al Estado mexicano, pero deja una premisa implícita: una red de este tamaño no opera sin corrupción, omisión o captura institucional en los países de tránsito. Y esa premisa, una vez instalada, ya no se discute en términos morales, sino técnicos: cuánto control real tiene el Estado sobre sus puertos, sus aduanas y sus flujos de dinero.

El riesgo para México no es inmediato ni espectacular; es secuencial. Primero viene el golpe narrativo: México como corredor indispensable. Luego el golpe financiero: listas, congelamientos, cancelación de visas, investigaciones por lavado. Después, el golpe operativo: más presión en aduanas, más inteligencia, más “cooperación” con carácter obligatorio. Finalmente, el golpe político: la sospecha permanente de complicidad, aun sin imputaciones formales.

Todo esto ocurre en un contexto interno frágil. Violencia normalizada, economías regionales infiltradas por rentas criminales, policías municipales rebasadas y un Estado que muchas veces llega tarde. En ese escenario, el expediente funciona como espejo incómodo: no señala lo que se dice, sino lo que no se controla.

El dilema no es soberanía contra cooperación. Es soberanía contra negación. Porque en política internacional la soberanía no se proclama: se ejerce. Y cuando no se ejerce con resultados medibles, otros lo hacen por ti, bajo sus reglas.

México aún tiene margen. Blindar aduanas y puertos con cambios reales, atacar el lavado con precisión quirúrgica, romper redes de protección local y enviar señales claras de control territorial puede reducir el costo político. Negar el problema, en cambio, solo acelera la presión.

El expediente contra Maduro no se escribió pensando en México, pero México está escrito en él. Y cuando una potencia redefine el tablero, quedarse quieto no es neutralidad: es quedar marcado.