Bachoco se Niega a Pagar Licencias de Operación en Puente Nacional

Jorge Hernández.

Bachoco estaría recurriendo a maniobras legaloides para no pagar casi 135 millones de pesos que el Ayuntamiento de Puente Nacional le está cobrando por concepto de licencias de operación, incluso el gobierno municipal amagó con clausurar la planta.

La empresa acusó al alcalde Roberto Montiel Montiel de mandar patrullas a la planta de Bachoco, instalada en la comunidad Las Cruces, para que impidan el ingreso de los camiones que transportan el alimento para las aves.

Esa acción pondría, de entrada, en riesgo la supervivencia de un millón 200 mil aves de crianza, así como 300 empleos directos, afirmó el apoderado de la empresa José Manuel Guzmán Villar, quien hizo público el conflicto.

Parecería que Bachoco pretende protegerse de un acto de autoridad, reconocen que tienen un adeudo con Puente Nacional y que han acudido a los tribunales para dirimirse las diferencias.

Incluso afirman que ganaron ya un juicio en tribunales para no pagar esos 135 millones de pesos que, al parecer por concepto de las licencias de operación, les pretende cobrar el alcalde de Puente Nacional.

Guzmán sostiene que Bachoco quiere llegar al fondo del asunto, saber por qué el alcalde exige un pago de 135 millones de pesos, “Ya se le ganó un juicio por la vía contenciosa administrativa, por lo que ahora nos está requiriendo la suma de 40 millones de pesos”, denunció el apoderado legal.

Bachoco no estaría dispuesta a pagar ni los 40 millones de pesos, pues dicen es excesivo, por lo que en este momento solo piden que les dejen ingresar los camiones con el alimento para que no mueran las aves de crianza.

Bachoco registra un historial de abusos y contaminación del medio ambiente en los municipios donde instala sus plantas, en noviembre del 2020, la planta de Bachoco del municipio de Álamo, en el norte de Veracruz, fue acusada por comuneros de poner en riesgo la salud de la población con los desechos que arrojaban al medio ambiente.

Procedería entonces una investigación por parte de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) para certificar bajo qué condiciones operan sus plantas en el territorio veracruzano.