México necesita un Código Único en materia Penal para combatir la violencia

Susana Cruz.

Veracruz, Ver. México necesita un Código Único en materia Penal para combatir la violencia, señaló Gilberto Farías Morales, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas A.C.
Envío un documento a la Cámara de Diputados y al Senado y señala que actualmente, existe un Código Penal Federal, un Código Fiscal, un Código de Justicia Militar y 32 códigos penales en cada estado, por ello, se necesita una misma ley para el país, a través de un Código Nacional Penal Único que establezca los delitos, penas y sanciones que deban imponerse en todo el territorio nacional, ya que actualmente las penas y los delitos varían en uno y en otro estado.
“En lo particular, consideramos que la impunidad deviene de la existencia de tantos códigos penales que regulan las conductas delictivas. Lamentablemente, nuestro derecho penal está en crisis y se ha tratado de combatir el problema de procuración y administración de justicia mediante el aumento de penas y del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o justificada, lamentablemente esto no ha dado resultados”.
Advirtió que la delincuencia, la corrupción y la violación a los derechos humanos, van en aumento y de forma alarmante.
El problema se ha tratado de combatir mediante reformas a la legislación penal, sin embargo, los esfuerzos no han sido eficaces para erradicar los delitos de alto impacto como el homicidio, secuestro, robo, feminicidio, delincuencia organizada, entre otros, por la existencia de diversas normas.
“Víctimas de ello han sido periodistas, empresarios, intelectuales, politicos, académicos, profesionistas, en sí la población en general, esto ocasiona una amenaza y una perturbación a la paz y al orden social.
Un Código Penal Único pueda ayudar a una justicia más pronta y expedita, que genere criterios uniformes en cuanto a la imposición de las penas y persecución de los delitos. Además la ley debe ser la misma en todo el territorio nacional y aplicarse por los juzgadores con respeto a los derechos humanos, a las garantias individuales y a los tratados internacionales.