Sistema de justicia penal acusatorio no ha bajado la impunidad, abogado

Danytza Flores.

Veracruz, Ver.- Después de 14 años de implementarse el sistema de justicia penal acusatorio de juicios orales en el país, siguen presentándose serias deficiencias para que se den resultados, afirma el abogado constitucionalista, académico e investigador Miguel Carbonell.
El especialista señala que la implementación del sistema de justicia oral buscaba que la impartición de justicia fuera pronta y expedita, para frenar los altos índices de impunidad que existían en el país hace más de una década.
Sin embargo, afirma que esto no ocurrió y de acuerdo con los índices oficiales que son avalados por instituciones como el INEGI, a nivel nacional 98 por ciento de los delitos siguen quedando en la impunidad.
Es decir, de cada 100 delitos que se cometen en el país y son procesados para ser presentados ante un juez de control, solo en dos de los casos se logra que el responsable pague por lo que cometió y, en el resto, se quedan impunes.
Lo anterior, asegura, fomenta que se mantengan los altos índices de violencia de manera generalizada en todos los estados de la República.
La causa es que las autoridades y corporaciones que deben de participar como policías investigadoras al momento de que se comete un crimen, no están debidamente capacitadas para atender los casos.
“Infortunadamente la incidencia delictiva sigue muy alta, las agencias encargadas, tanto a nivel policiaco, como ministerial, de lo que se denomina primer respondiente, que es quien llega a la escena de los hechos, quien procesa una escena de los hechos, quien entrevista a los testigos, quién recaba pruebas, tiene un nivel deficiente a nivel nacional”.
Miguel Carbonell asegura que si fallan los primeros respondientes en la integración de pruebas, se llega ante los jueces sin los elementos para demostrar que los responsables de los delitos son realmente los culpables.
Destaca dos grandes problemas en esto, que es la falta de capacitación hacia las policías municipal, estatal y federal, además a las policías ministeriales en las diversas entidades de la república.
El otro detalle tiene que ver con la falta de infraestructura y recursos públicos, ya que no se cuenta con las herramientas suficientes para realizar el trabajo policial que se lleva a cabo en la recopilación de pruebas.