Danytza Flores.

Veracruz, Ver, 16 de enero de 2026.- Contribuyentes y empresas deben asegurarse de contratar a contadores y asesores colegiados para evitar que les realicen malas prácticas con sus impuestos, que más tarde puedan derivar en consecuencias legales y patrimoniales, recomiendan especialistas en materia de contable.

Al asumir la presidencia del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz para el periodo 2026-2027, Juana Omaña Aguilar, explicó las ventajas de elegir un contador colegiado al señalar que tiende a manejarse bajo un código de ética; además de estar sujeto a sanciones.

“¿Cuál es la diferencia entre un contador colegiado y uno independiente?, pues uno colegiado difícilmente va a realizar actos en el que afecte a un contribuyente a un empresario a una persona, se habla muchas veces, de que, es que, mi contador no me pago mis impuestos y le di mi dinero, pero ¿Qué contador fuiste?, refirió.

La especialista explica que al ser contador colegiado, las personas o las empresas tienen la oportunidad de presentar ante la agrupación su queja o denuncia.

Además un colegiado suele actualizarse y capacitarte constantemente en las reformas y disposiciones fiscales que cada año emite el gobierno federal y el Congreso de la Unión.

Para evitar ser víctimas de malas prácticas en servicios de auditoría /o asesoría fiscal, la nueva titular de la agrupación insta a los contribuyentes y empresarios a solicitar al especialista su constancia de cumplimiento de la Norma de Desarrollo Profesional que les expide su colegio.

La entrevistada señala que cada agrupación exige a sus socios ciertos requisitos para acreditarlos y en el caso en el caso del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, les pide completar un mínimo de entre 40 y 65 horas de capacitación anual, cifra que varía según el área de especialización técnica.

Umaña Aguilar advierte que entre los riesgos de contratar un especialista independiente es que pueden incurrir desde el incumplimiento en los impuestos hasta errores en el cálculo fiscal que más tarde le desencadenará al contribuyente sanciones, recargos y la posible suspensión de los sellos digitales para facturar, lo que paralizará la operatividad de sus negocios.