Denuncian presunto despojo ilegal en Veracruz: comerciante acusa corrupción judicial
Susana Cruz.
Luego de haber adquirido legalmente un terreno en la ciudad de Veracruz hace tres años, el comerciante Juan Núñez González fue desalojado de manera sorpresiva y, según su denuncia, sin haber sido notificado previamente. El hecho ocurrió el pasado 9 de abril y ha encendido una denuncia pública por presuntos actos de corrupción y abuso de poder por parte de autoridades judiciales.
El terreno, ubicado en la avenida 15 número 355 de la colonia Pocitos y Rivera, fue comprado por Núñez en enero de 2022. Asegura que en ese momento la propiedad estaba libre de gravamen y que realizó el trámite de compraventa conforme a derecho. Desde entonces, tomó posesión del predio y lo consideraba parte del patrimonio que ha construido para su familia tras más de una década de trabajo.
Sin embargo, tres años después, la situación dio un giro inesperado.
“Sin notificarme, sin nada de por medio, llegaron con gente armada. Me dijeron que eran órdenes del Juez Primero, el Licenciado Felipe López Aburto”.
En su testimonio, asegura que ante el temor de los hechos, optó por no resistirse y abandonar el inmueble.
Núñez acusa al Juez Primero de Primera Instancia y a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de haber ejecutado una orden de restitución sin haber respetado el debido proceso legal. Asegura que el desalojo fue coordinado por un secretario de acuerdos, en una operación que calificó como arbitraria y violatoria de sus derechos.
Por estos hechos, ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, exigiendo que se investigue a fondo la actuación de los funcionarios involucrados. El comerciante sostiene que fue víctima de un fraude procesal y de alteración de documentos para despojarlo de su propiedad de forma ilícita.
El caso ha comenzado a generar atención pública y abre nuevamente el debate sobre la transparencia del sistema judicial en Veracruz y los riesgos que enfrentan los ciudadanos comunes frente a actos que, según denuncian, provienen de las mismas instituciones encargadas de impartir justicia.
